Yopino V

La marcha de los pitufos


Por Tania Belén
(Perú)

¿Las marchas tienen repercusiones en la sociedad? O ¿Son simples movilizaciones de jóvenes sin nada que hacer como muchos ciudadanos aún creen?

Tengo 24 años y desde hace 6 participo en las movilizaciones que creo justas y necesarias. Y cuántas veces he visto, con alegría, caer a esas «leyes» que se le imponen de manera injusta a mi país. Cuántas veces sonreí al escuchar que el gobierno había retrocedido en ideas macabras como la implementación de la AFP obligatoria a los trabajadores independientes o cuando colocaron a Martha Chávez como presidenta de la comisión de los Derechos Humanos, o la más reciente y célebre derogación de la Ley Pulpín, que convocó a cinco multitudinarias movilizaciones de jóvenes indignados que lejos de amilanarse con la increíble represión policial, persistían en su intento de eliminar la ley explotadora (y lo lograron, lo logramos).

Mi generación ha empezado a despertar. Luego de casi 20 años de letargo, empezamos a sentir el poder que la ciudadanía organizada otorga. Sin importar los gases lacrimógenos, las balas al aire, las críticas de ciudadanos conformistas y adictos a la prepotencia de los gobiernos, se ha  logrado conformar colectivos independientes, sin ligazones políticas, ciudadanos indignados que salen una y otra vez, convencidos del poder popular, convencidos de sus ideales, convencidos de que el Perú puede ser un lugar menos nefasto e injusto.

Y es que a los jóvenes conscientes nos duele el Perú y sus flagelaciones. Nos duele la tierra que envenenan las grandes mineras. Nos duele esa policía que come de nuestros impuestos y golpea, reprime y maltrata a los peruanos que luchan por la conservación del medio ambiente. A los ciudadanos conscientes, nos duele Bagua, Conga, Tía María, las agresiones de Yanacocha, la expropiación de Petroperú, nos duelen 10 años de dictadura, nos duele la guerra interna, nos duele la impunidad en las violaciones de los Derechos Humanos, nos duele la Confiep y sus ganas de generar mano de obra barata, nos duelen los gobiernos que cada cinco años llegan para servir a las grandes industrias sin importarles la ciudadanía que queda postergada en el olvido, consumiéndose en su indignación.

Es cierto que tenemos taras, muchas taras: somos un pueblo que se quedó casi sin fuerzas luego de la guerra interna, y con una herida social que aún no cierra por completo. Un país maltratado por sus gobernantes, manipulado y vejado. Un país idiotizado por la concentración de medios. Un país enfermo de machismo. Un país laico donde el cardenal cobra como congresista.  Un país con un gran grupo humano que niega derechos fundamentales a las minorías. Un país enfermo, donde se cree que puede legislarse según los parámetros bíblicos. Un país con una clase política de derecha que vive de espaldas a sus habitantes y se ríe de su ignorancia, mientras come de su fuerza laboral.

Pero, estoy segura, estamos atravesando un proceso de cambio social, con cada marcha, con cada movilización, con una generación mucho más consciente sobre lo que merece recibir. Estamos empezando a construir un país nuevo porque estamos hartos de vivir hundidos en la mierda. Nos estamos levantando porque estamos adoloridos e indignados, y volvemos de nuestra indignación una fuerza para luchar, protestar, gritar contra todas las injusticias que se cometen.

El camino es largo, sí. Pero mi generación está  retomando lo que se borró en los años 90.  La organización popular está empezando a cobrar preponderancia, la autogestión, la búsqueda de nuevos representantes, la búsqueda de concretar el sueño de vivir en justicia, igualdad y dignidad, se está dejando sentir cada vez con más fuerza. Y puede que nos vuelvan a traicionar como lo hizo Ollanta Humala con el cambio de ruta, pero seguiremos de pie y vigilantes ante cualquier irregularidad, para salir, gritar y protestar; para tomar la calle que todos los peruanos financiamos con nuestros impuestos. Porque la fuerza popular existe y lo estamos entendiendo.

A mis 24 años comprendo que la importancia de las marchas radica, no solo en derogar leyes, denunciar actos de corrupción o demostrar el desacuerdo popular, sino también, en la organización social que se gesta detrás de ella, en hacer llegar el mensaje a todos aquellos que se muestran indiferentes ante los acontecimientos sociales de su país, y, sobre todo, mantener vivo al territorio, replantear mil veces, si es necesario, la estructura política de nuestro país. Las marchas, por más pequeñas que sean, por más jóvenes que sean los manifestantes, siempre serán imprescindibles si se quiere un país que se desarrolle en justicia y dignidad.

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Yopino IV

Para nunca olvidar: reconociendo el cambio del 90


Por Tania Belén
(Perú)

Un 5 de abril hace 23 años, 22 millones de peruanos observaban cómo el entonces presidente Alberto Fujimori, hoy reo por asesinato, corrupción y violación a los derechos humanos, disolvía el congreso acabando con la democracia y los estados de derecho en el Perú.

Los peruanos de los años 90 vivíamos en un estado lamentable: el gobierno de Alan García nos había sumido en una nefasta inflación económica, el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA aniquilaban las poblaciones campesinas y arremetían contra la capital, los gobiernos de Belaúnde Terry y Alan García no tuvieron ningún plan para frenar la violencia terrorista, y la corrupción en el ámbito político no hacía más que afianzar el sentimiento de desprotección en los ciudadanos peruanos.

Es en aquellas circunstancias en que nos sorprende el proceso electoral de 1990. Un Mario Vargas Llosa de 50 años –en coalición con el Partido Popular Cristiano y Acción Popular– se enfrentaba en campaña política con un desconocido agrónomo llamado Alberto Fujimori. Un impresentable Alan García daba su total apoyo al candidato desconocido, mientras el outsider disminuía a su contrincante citando pasajes de su última novela (Elogio de la madrastra) para tildarlo de inmoral.

Luego de las sorpresivas elecciones presidenciales, se celebró el 10 de junio de 1990 la segunda vuelta electoral en donde saldría victorioso Alberto Fujimori con un 62,4% de votos válidos. La población confió en el agrónomo desconocido quien bajo el lema «Honradez, tecnología y trabajo» prometió una serie de acciones que después desestimaría.  El pueblo confió ciegamente en un político no tradicional, sin saber lo que más tarde el fujimorismo tenía preparado para todo el Perú.

Ahora, 25 años después de este viro en la historia peruana, la endeble justicia peruana tiene a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos encarcelados por corrupción, por robo y por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, y a pesar de las innumerables pruebas que existen en su contra, existe un grupo importante de la población que respalda el gobierno dictatorial y genocida de los años 90.

Quizá el único «acierto» de ese nefasto periodo presidencial haya sido el extremo populismo que Fujimori practicó. Acompañado de una prensa lambiscona y comprada, la dictadura, altamente mediática, fue la trampa perfecta para una población dolida por los años del terrorismo y los tantísimos gobiernos que vivieron de espaldas a las poblaciones más necesitadas. Sus constantes apariciones públicas, su «apoyo» en casos de desastres naturales, la falacia de «sin mi gobierno, sin el autoritarismo, el terror volverá» repetida durante 10 años, siguen rindiendo frutos.

Y es que la dictadura no solo dejó un daño social en la comunidad peruana, sino que nos acercó a este modelo neoliberal y explotador en que nos desarrollamos. Nos introdujo en la informalidad laboral y moral, nos enseñó que el cinismo era la manera más fácil de vivir, nos adiestró para mostrar un rechazo rotundo a todo aquello que parezca tener un modelo social de izquierda. En resumidas cuentas, el autogolpe terminó con un una etapa difícil y caótica en la historia peruana, para introducirnos a una más corrupta, más obscena, más violenta, más embrutecedora y, sobre todo, más informal.

Y para demostrarlo, aquí el esclarecimiento de los «puntos fuertes» para la defensa de la dictadura por parte de los fujimoristas:

• Enfrentó y acabó con el terrorismo: En Marzo del 1990, Benedicto Jiménez junto a Marco Miyashiro conformaron el GEIN, grupo destinado a la captura del líder senderista Abimael Guzmán. Dos años después, el 12 de septiembre de 1992, a las 8:14 de la noche, Guzmán es capturado en una casa de Surquillo junto a Elena Iparraguirre, Laura Zambrano, entre otros terroristas. Luego, la caída de Sendero Luminoso sería vertiginosa.

Como vemos, la «decisión» de acabar con el terrorismo no fue «obra» de Fujimori. Él se subió al coche. Cabe mencionar que meses después el GEIN sería desintegrado por mandato del gobierno, pues existía una rotunda resistencia a aceptar la muerte del terrorismo senderista. En cambio, se implantó un terrorismo de estado que «eliminaba» a todo aquel que se oponía al régimen dictatorial.

En resumidas cuentas, el fujimorismo extendió el miedo que la población sentía hacia el terrorismo para ejecutar con total impunidad a los opositores del gobierno, tildándolos de terroristas. A eso se le conoció como terrorismo de estado.

La información sobre la captura de Abimael Guzmán, pueden verla aquí.

•Redujo la hiperinflación e incentivó a la comunidad internacional: La hiperinflación producida por el gobierno de Alan García, llegó hasta el 32% durante el segundo semestre del 1989, situación que mantenía a la sociedad en un estado de emergencia.

Ansioso por reducir las cifras, Fujimori, siguiendo los consejo del Fondo Monetario Internacional, implantó el shock económico (medida que durante su campaña había desestimado por completo; acción que Vargas Llosa había declarado urgente), lo que se tradujo en una serie de medidas que aparentemente ayudarían a la recuperación del país, pero que en la práctica resultó ser  una descarada  venta de las empresas estatales: se eliminó el control de los precios del sector privado y se implementó el alza de los productos del sector público.

Con esta acción se logró disminuir los ingresos líquidos de las empresas públicas, se dio la reestructuración de los precios generando una devaluación de los salarios laborales a nivel nacional, para más adelante cambiar la moneda del Inti al Nuevo Sol. Estas medidas dieron inicio al sistema neoliberal en el que nos encontramos hoy, sistema que beneficia al empresariado extranjero en detrimento del trabajador nacional.

Si bien el país logró disminuir la inflación, el precio social fue demasiado alto y se sigue pagando 23 años después. Los despidos masivos de trabajadores, la venta indiscriminada de empresas nacionales a precios ínfimos, la precarización de los contratos laborales, el cierre de fábricas por falta de protección hacia la industria nacional,  la eliminación de las restricciones de las inversiones extranjeras llevaron al país hacia una generalización de la pobreza.

Gracias a estas medidas, la informalidad en el país creció a un nivel alarmante, situación que aún no puede ser controlada. Eso sin mencionar la eliminación de los movimientos sindicalistas. A pesar de los despidos masivos, del desempleo generalizado y la informalidad laboral. Para 1994 el crecimiento económico del país era del 13%, lo cual demuestra que los únicos beneficiados con estas medidas fueron (y siguen siendo) los capitales extranjeros avalados por la constitución del 1993.

Más desaciertos de las modificaciones económicas pueden verlas aquí.

• Cerró el congreso y puso leyes duras para los delincuentes y los terroristas: El 5 de abril de 1992 se inscribe en la historia negra del Perú como el día en que se eliminó la democracia y se abrió camino a la impunidad delictiva, a la corrupción alarmante, a la violación de los derechos humanos y al dominio de todos los medios de comunicación. Aquella noche se dio inicio a los 10 años más nefastos de nuestra historia contemporánea: la dictadura fujimontesinista.

A pesar de los índices de popularidad que tuvo este gesto, el autogolpe no solo desconoció el estado de derecho sino que abonó el terreno para la impunidad que su gobierno gestó. Desconociendo la constitución del 1979, disolvió los poderes del estado, intervino televisoras y emisoras radiales, dio arresto domiciliario a periodistas y a líderes de oposición. Su fin: tener absoluto control de lo que se hacía con el país y de lo que se le dejaba saber al pueblo.

Nadie imaginó que el último decenio del milenio pasado tendríamos un golpe militar promovido por el mismo gobierno. Nadie imaginó que ello nos condenaría a entregarle a Fujimori, Montesinos y sus adeptos, un aproximado de 14 087 millones de dólares. El fujimorato acabó con el 50% del gasto público anual y el 4% del PBI. Nadie imaginó la compra casi absoluta de todos los medios de comunicación, lo que desencadenó en un embrutecimiento progresivo y colectivo de la gente: los medios mentían, Laura Bozzo mostraba peleas y lamidas de axila por algunos soles, mientras los cómicos ambulantes entretenían a la gente; el escenario perfecto para la formación de las mafias en el gobierno, el robo y el asesinato de los opositores al régimen.

Nunca existió en la Constitución del 1993 una sanción clara para erradicar la violencia. Lo que existió fue la implantación de un estado de terror, persecución y de represión. El grupo Colina fue el encargado de asesinar a dirigentes sindicales y sociales acusándolos de terroristas y de masacrar y violar civiles. Se dio la intervención militar de las universidades: el desenlace más triste fue la matanza de nueve alumnos y un profesor en la Cantuta. Se organizó la desaparición forzada de todo aquel personaje que podía ser incómodo para la dictadura.

A Fujimori nunca le interesó la seguridad ciudadana, prueba de ello es la Ley de Amnistía promulgada en el 1995, en donde se les otorgó el perdón a todos los violadores de los derechos humanos involucrados en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. A Fujimori nunca le interesó que el pueblo se recupere de la Guerra Interna, prueba de ello fue el constante recordatorio de «los peligros del terrorismo que no habían terminado con la captura de Abimael Guzmán». A Fujimori le encantaba convencer al pueblo de que él y no el GEIN, había terminado con el terrorismo, de que solo él tuvo las agallas para acabar con la corrupción, de que solo él fue capaz de reducir la pobreza. Nada más falso.

Aún siguen desaparecidos 15 000 peruanos, aún existen 600 fosas comunes que no han sido exploradas, aún hay cerca de 2000 mujeres esterilizadas contra su voluntad que esperan justicia. El autogolpe no es sinónimo de un hombre con pantalones, es sinónimo del inicio de una serie de maltratos a la dignidad del peruano, los cual no se debe olvidar.

Más indignación en:

 

 

Yopino III

¡Mamita, los terroristas!


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Por Tania Belén
(Perú)

Desde el lunes 23 de marzo, Cocachacra en Islay, Arequipa, se encuentra en pie de lucha. Una vez más, son los pobladores más apartados y ninguneados de nuestro país los encargados y empoderados en la defensa del medio ambiente. Y es que ellos cuentan con la capacidad de reconocer y comprender lo nefasto de la minería depredadora. Esa minería a tajo abierto causante de la contaminación por  miles de desechos tóxicos vertidos en los ríos y  la propalación de gases tóxicos (como cianuro, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, entre otros) por  los aires de las ciudades aledañas, condiciones que reducen significativamente la calidad de vida de los pobladores del área.

Considerando que los vecinos del distrito de Cocachacra son en su mayoría agricultores, no resultó extraño la respuesta contundente que tuvieron hacia las instalaciones de la empresa minera mexicana Southern Perú Copper Corporation, quienes administrarían el proyecto denominado Tía María, que a todas luces acabaría con el Valle de Tambo, valle que provee de alimentos a toda la región de Arequipa. Además, se verían impedidos de utilizar las aguas subterráneas para sus sembríos, pues la empresa minera, minimizando la actividad agrícola, dispuso esas aguas para abastecer el proceso de la extracción del cobre. Si bien el representante Óscar Gonzáles Rocha, rechazó el maltrato de tierras agrícolas, es bastante conocido el inmenso impacto ambiental y la sequedad de los suelos aledaños que produce la minería a tajo abierto, así como de la inutilización de estos una vez que la minera se ha marchado.

Los pobladores de la serranía peruana son conscientes de lo que significa la minería depredadora: trabajos menores para miles de individuos a costa del maltrato de la tierra, la contaminación de ríos y del aire, y sobre todo, la intoxicación de la sangre de los miles de peruanos que deben entregar su medio de sustento y una vida sana para que los grandes empresarios mineros se enriquezcan de manera exorbitante sin siquiera invertir en la reducción del impacto ambiental ni en la inversión para el mejoramiento de la calidad de vida. Recordemos la situación en Cerro de Pasco, la pobreza, a pesar del canon minero, es de 46,6% mientras que el agua es entre 30 y 50 veces más cara que en los lugares donde no existe una minería devastadora, además de vivir permanentemente con problemas de salud debido a los metales pesados instalados en sus sangres.

A lo largo de esta semana, nos hemos ido enterando sobre los sucesos en Islay. De los 700 policías que lejos de apoyar a su propio pueblo en la lucha por el agua y la calidad de vida, lo reprime con bombas lacrimógenas (las cuales perjudicaron incluso a los pobladores que decidieron no marchar), garantizando así que los empresarios extranjeros destrocen el territorio nacional. Nos enteramos de las más de 40 personas heridas y de los 9 detenidos quienes serán procesados por generar disturbios en la vía pública. Nos sorprendimos, además, con las acusaciones contra los alcaldes de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia, así como contra el dirigente Pepe Julio Gutiérrez, de quienes se dijo estarían azuzando a la población para que saliesen a protestar, como si la defensa del entorno en donde se vive se generase por coacción. Y sobre todo, nos indignamos con las declaraciones de uno de los voceros de la minera, cuando el viernes 27 de marzo señaló que la empresa se retiraría de Arequipa debido a la peligrosidad del «terrorismo antiminero», información que fue desmentida en tiempo récord por la Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, y por Óscar Gonzales Rocha.

Y es que no solo son indignantes los abusos que las empresas de actividad extractiva cometen en nuestro territorio, sino que además el propio gobierno avala ese tipo de conductas desconociendo las consultas previas realizadas a los pobladores. Ese gobierno que llegó con votos de la izquierda y que una vez en el sillón presidencial se vendió a la derecha y a los capitales económicos más nefastos, le da la espalda a su población más vulnerable. Permitir que se les acuse de terroristas antimineros a ciudadanos que luchan por una vida digna es muestra de uno de los lados más asquerosos de la política peruana: vender la dignidad e integridad de un gran grupo de peruanos a cambio de algunos miles de dólares.

En todo caso, nunca hubo un (mal llamado) «terrorismo» tan importante y tan valiente como el que tenemos en Arequipa, quienes con sus palos y piedras luchan por que una empresa trasnacional los respete. Una empresa que envía a tristes y patéticos hombres peruanos que creen defender algo que ni ellos mismos entienden y que disparan bombas lacrimógenas y balas de goma que hieren de gravedad a los manifestantes. Nunca fue tan necesario ver a «terroristas» defender aquello que salvará a toda la humanidad: la naturaleza.

La fuerza, la valentía y la convicción de estos hombres y mujeres, incivilizados para algunos, ignorantes para otros, y terroristas para las empresas que se ven imposibilitados de depredar nuestros recursos, hará que la tierra siga viviendo. Porque no es indispensable tener una economía extractivista, es indispensable una diversificación de ella y la industrialización del país. Porque cuando escasee el agua y el aire sea irrespirable, no existirá oro que sanará a la naturaleza. Porque la idea que el gobierno nos vende sobre la importancia del canon minero es una de las tantísimas farsas a la que los peruanos vivimos expuestos. Nunca una empresa privada invertirá en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones circundantes a la mina. Nunca las empresas neoliberales se preocuparán siquiera por no maltratar las tierras en donde trabajan. Los pobladores nunca tendrán una mejor situación económica con la llegada de las sacrosantas empresas mineras. Por ello y por la dignidad de los pobladores afectados, larga vida a la lucha antimera.

 

Yopino II

¡Que viva la vida!


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Por Tania Belén
(Perú)

El sábado 21 de marzo se llevó a cabo la segunda marcha a favor de la vida, impulsada por el Cardenal Cipriani y seguida por varias centenas de feligreses defensores de la vida, la moral y las buenas costumbres. Así, los inocuos ciudadanos recorrieron varias cuadras de la capital arengando en contra de los abortos –pero me violaron– porque la vida de un no nacido siempre estará por encima de cualquier trauma que pueda tener una mujer, y hay que respetarla y defenderla a como dé lugar –pero nacerá anencefálico–, porque nadie tiene derecho a decidir sobre un niño no nacido –pero llevaré nueve meses un hijo que no deseo–, porque una mujer no es más que el simple receptáculo del milagrillo de vida. Por ello, por ellos y por los dictámenes de la Iglesia y de San Cipriani Todopoderoso, se celebró el último fin de semana la gran fiesta por la vida.

A lo largo del continente las comunidades pro-vidas vienen realizando distintas manifestaciones con el único fin de negarles a las mujeres la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos y deseos de ser madres o no. Y es que para esta gran masa de personas, poco importan las decisiones personales, las emociones y las condiciones en que una mujer, adolescente o niña quedó embarazada, lo único que realmente importa es ese feto que se va gestando a costa de la depresión y el dolor de su «madre», como si ellos fuesen a asumir todo lo que significa traer al mundo a un niño no deseado, como si alguno de los manifestantes fuesen todos los días a alimentar a las centenas de niños en situación de abandono y riesgo que transitan como insignificantes entes por las calles limeñas. No, ellos solo se aseguran de que aquel blastocito cumpla sus nueve meses de gestación para luego dejarlos a la deriva sin siquiera detenerse a pensar en qué situación socioeconómica llegará el niño.

Pensar que este tipo de marchas asegurará el término de miles de gestaciones es uno de los muchos engaños a los que la iglesia nos expone. Lo cierto es que en el Perú existen cerca de 360 000 mujeres que se someten a prácticas abortivas en las más nefastas infraestructuras y condiciones insalubres, de donde se registra un promedio de dos muertes por día producto de las malas prácticas. Esto, sumado a las 15 000 denuncias por violación que se dan cada año en nuestro país, nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que significa la despenalización del aborto. No se trata, pues, de dar la aprobación para la matanza de niños ni de bebés, se trata de proteger la vida y la dignidad de una mujer que no desea que aquel embrión que se desarrollará dentro de ella exista.

En este sentido, el Estado peruano debe velar por los intereses de miles de mujeres que toman la difícil decisión de interrumpir su embarazo. Es imposible que la moral cristiana siga rigiendo en las decisiones e integridades de las mujeres del siglo XXI como lo hacía cien años atrás con la constitución del 1823, en donde el Estado y la sociedad civil se erigían y actuaban según las normas de la Iglesia católica. Las sociedades han cambiado y es hora de que los viejos tabús vayan cambiando, hasta desaparecer.

Una mujer es libre de decidir qué hacer con su cuerpo y con lo que hay dentro de ella. Ella y únicamente ella tiene la potestad de hacer o deshacer lo que otro ocasionó, y no un puñado de hombres con sotana que ocultan miles de violaciones dentro de su institución. No. Un hombre que apoyó al presidente que cometió más de 2000 esterilizaciones forzadas no tiene la capacidad moral para decidir qué vida se debe salvar. Miles de personas que niegan los derechos civiles a la comunidad homosexual no tienen la autoridad ética para decidir sobre la maternidad de una niña de 13 años embarazada de su tío. Madres y padres de familia que se oponen a la repartición de métodos anticonceptivos en las escuelas no se encuentran si quiera en la capacidad de obligar a miles de adolescentes a cargar con el fruto de su descuido y su ignorancia.

Si la idea es preservar la vida, la despenalización del aborto debe darse cuanto antes, pues la vida en riesgo es de aquellas que están de pie, que sienten y que sufren. La vida es aquel regalo mágico que se da y se asume con alegría y convicción, y no aquel regalito que dejó el violador o la ignorancia.

Por ello… ¡Que viva la vida de las mujeres valientes que se atreven a decidir sobre sus cuerpos! ¡Qué viva la maternidad responsable y con convicción!

 

Yopino I

Acceso denegado


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Tania Belén
(Perú)

¿Es posible crecer como sociedad privando a las minorías de sus derechos fundamentales? ¿Cuán peligroso puede ser el papel del dogma a la hora de decidir sobre la igualdad civil en una sociedad del siglo XXI?

El pasado martes 10 de marzo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, archivó el Proyecto Ley de Unión Civil No Matrimonial para personas del mismo sexo, cerrando las puertas a una sociedad más justa e igualitaria, pero encendiendo la mecha de la lucha en la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) por conquistar sus derechos civiles y sociales. Tras el debate entre los representantes de los diversos grupos políticos, el resultado negativo y los argumentos en torno al tema, evidenciaron una de las falencias más peligrosas que se extiende a todos los niveles de nuestra ya maltrecha sociedad: la intolerancia, la discriminación y la falta de respeto hacia los derechos de las minorías.

Lejos de ser un debate alturado, los comentarios y argumentos que dejaban escapar (sí, escapar) los congresistas opositores a la polémica ley, no hacían más que confirmar el ínfimo nivel intelectual y racional de nuestros representantes políticos, frases como: «La familia es una institución natural establecida por nuestro creador» (Julio Rosas), «Yo soy mujer porque soy mujer, y alguien es hombre porque es hombre» (Martha Chávez), «Que dos personas del mismo sexo tengan una visita íntima es una situación aberrante» (Martín Rivas), «La homosexualidad es una atracción que no se puede regular por ley (…) está fuera del plan de Dios, porque Dios creó hombre y mujer y gracias a esto está reconocido por nuestra Constitución» (Julio Rosas), o la cita del nacionalista Rubén Condori de un pasaje de Mi Lucha, para justificar la homofobia, son inaceptables en una sociedad del siglo XXI.

Y es que cuando se trata de derechos civiles no hay dogma y prejuicio alguno que se deba utilizar para negar la igualdad social, mucho menos si estos llegan revestidos de una total falta de respeto a las minorías homosexuales. Cómo pretendemos tener una sociedad saludable si negamos derechos básicos a quienes no se parecen a las grandes mayorías, si no respetamos al otro, si no creamos igualdad dentro de la diversidad. Tildar de aberración y acosar a la homosexualidad en pos de un mundo mejor, solo sienta las bases para seguir fortaleciendo las desigualdades sociales en las futuras generaciones; creer y hacer creer que está bien hacer distinciones entre personas de distintas condiciones sexuales arará el camino para la discriminación a cualquier nivel, y de hecho ya sucede: vivimos en una sociedad altamente machista, en donde los hombres creen tener derecho a ejercer poderes sobre las mujeres; dogmática, pues se permite que un librito de más de 2000 años rija las leyes civiles; e intolerante, ya que la diversidad es sinónimo de burla y discriminación.

Con el archivamiento de la ley, no solo nos hemos perdido de un cambio de mentalidad en las generaciones más jóvenes, sino que hemos reforzado la mentalidad retrógrada de nuestros representantes políticos y nuestra fauna ciudadana. Pues no se trata de un tema de credo, se trata de un tema de justicia e igualdad. Vivimos en una democracia, cuya función es asegurar derechos civiles para todos los ciudadanos por igual, sin distinción de credo, raza u orientación sexual. En pleno siglo XXI, no deberíamos tener ese tipo de reacciones ante un reconocimiento civil que se debió dar hace varios años atrás. Si bien no vamos a esperar que la sociedad «se prepare» para aceptar la unión civil, unión que en la práctica se da hace mucho tiempo, debemos tomar medidas para modernizar los más oscuros dogmas de nuestra gente, y así acercarnos a un mundo mucho más moderno, saludable y alejado de estigmas dogmáticos, que lo único que generan es discriminación e injusticia.

Se nos ha negado el acceso a la modernidad, a la vida plural, a dejar atrás los oscuros miedos religiosos que aún ahora vuelven al peruano un ciudadano cucufato, se ha negado la posibilidad de empezar a dejar atrás la mentalidad tercermundista, pero se ha abierto una puerta importante, la puerta del deseo, de las ganas de avanzar en conjunto hacia una sociedad en donde todas las orientaciones sexuales vivan en armonía, porque ningún cambio social se dio de la noche a la mañana y pidiéndole permiso a las grandes mayorías. Fuimos el último país en aprobar el voto femenino, quizá también seamos el último en aprobar la unión civil, solo espero que por el bien de esta sociedad adicta a la discriminación, la ley se dé más temprano que tarde, solo así nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos gozarán de una sociedad más justa y, sobre todo, menos discriminadora.